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17/04/2025

El Gobierno enfoca las funciones de la UIF en investigación y prevención del lavado de dinero y dejará de ser querellante

Fuente: telam

Por decreto, se redefinieron los objetivos de la Unidad de Información Financiera. El objetivo de la medida es evitar la superposición de tareas entre los diferentes organismos y no asumir funciones judiciales

>El Gobierno nacional redefinió las funciones, objetivos y facultades de la La medida se oficializó tras la publicación Decreto 274/2025 en el Boletín Oficial. En él, se detallan todos los cambios que impactarán en el organismo que, hasta el momento, había sido admitido como denunciante en varias causas por corrupción. Sin embargo, en la antigua legislación estaba establecido que la información que manejaban solo podía ser utilizada por sus funcionarios y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De esta manera, se reemplazó el artículo 13° de la Ley N° 25.246, el cual esbozaba las diferentes competencias que correspondían a la entidad. Además de recibir, solicitar y archivar información, se añadió que también “podrá requerir, recibir e intercambiar información, en el marco de lo previsto en el inciso 14 del artículo 14 de esta ley, con otras entidades públicas que desarrollen actividades de inteligencia, información o prevención, resguardando el carácter secreto“.

Respecto de la participación del organismo en investigaciones penales, se precisó que podrá “colaborar y/o requerir colaboración a los órganos de la Administración Pública Nacional, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”. La medida fue dispuesta con el objetivo de evitar la superposición de tareas entre los diferentes organismos, según explicaron las autoridades.

Por esto, subrayaron que “la reestructuración organizativa y las modificaciones de competencias que se propician por la presente medida permitirán alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Asimismo, consideraron que “el intercambio de información permitirá mejorar el sistema nacional de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La medida establece que el organismo será presidido por el director de la AFC. El resto de los integrantes serán designados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y el Ministerio de Justicia.

“Encomiéndase a la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), o a quien esta designe, impulsar los actos administrativos y demás acciones necesarias para la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que apruebe el Comité de Ciberseguridad, así como de los objetivos en ella contenidos“, indicaron en el documento.

Las declaraciones fueron realizadas tras la decisión del Gobierno de remover a Ignacio Yacobucci de la presidencia de la UIF. Fue una medida tomada en medio de cuestionamientos a su gestión y a los abultados gastos y viajes permanentes al exterior, con importantes comitivas y en primera clase.

“El Gobierno tomó cartas en el asunto tratando de ordenar algo que no funcionaba. Hace más de un año que la UIF es un organismo completamente inútil para cumplir con lo que ordena la ley: combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, señaló. Para Marteau, esta crisis se profundizó debido a “la arbitrariedad” en la gestión de los últimos años y a la falta de un protocolo de actuación que asegure transparencia y eficiencia en la lucha contra delitos complejos como el narcotráfico.

Fuente: telam

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