Es por el vencimiento de la ley de estabilidad fiscal que impide que los consumidores santafesinos sufran los aumentos permitidos por el Consenso Fiscal.

La Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO), La Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA), la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario (FECOI) y las entidades mutualistas, en el mes de agosto ya habían solicitado en la Comisión de Asuntos Tributarios convocada por el gobierno provincial que se presentara un proyecto de ley a la legislatura para frenar los incrementos y brindar el tiempo necesario para tratar la problemática con el gobernador electo Omar Perotti y su equipo económico.

Esta semana las entidades enviaron un mensaje al Ministro de Economía de Santa Fe en el que valoraron el respeto durante su gestión a los compromisos asumidos y los consensos arribados en el trabajo de las comisiones; y le recordaron que en 2018 suscribieron un acuerdo por el cual el gobierno de Miguel Lifschitz se comprometía a presentar en 2019 la prórroga de la Estabilidad Fiscal a la legislatura.

En el mismo, el sector empresario manifestó su preocupación tras haber tomado conocimiento de la decisión del gobierno de postergar la presentación de los proyectos de ley de presupuesto y de ley tributaria anual, situación que podría hacer peligrar el cumplimiento del compromiso asumido y como consecuencia comiencen a regir para todos los contribuyentes alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos del 4,5% y del 5%, a partir del 1ero de enero de 2020, las cuales afectarán notablemente a todos los santafesinos, quienes deberán pagar esos incrementos al realizar sus compras y al abonar sus facturas de servicios.

Ante este escenario es que las entidades reiteraron al gobierno provincial el pedido de presentación de un proyecto de ley de prórroga de estabilidad fiscal que otorgue el tiempo necesario para discutirse en la legislatura y posteriormente entre las entidades y el nuevo gobierno provincial, impidiendo lo que consideran un inconcebible incremento de la presión impositiva provincial, que impactará fuertemente por el efecto cascada de este impuesto, en la pérdida del poder adquisitivo en el ciudadano común y por ende el agravamiento de la difícil situación económica que atraviesa el sector comercial y el empleo.

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