En medio del programa de privatizaciones que lleva adelante el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la continuidad operativa de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas, mientras avanza con las licitaciones públicas nacionales e internacionales para otorgar nuevas concesiones.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1349/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma dispone que las empresas actuales podrán continuar a cargo de los complejos y sistemas hidroeléctricos hasta esa fecha o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión de cada central, "lo que ocurra primero".

En los hechos, el decreto extiende el plazo de operación de las concesionarias vigentes durante el proceso de licitación. El objetivo oficial es evitar interrupciones en la generación eléctrica mientras el Estado define quiénes quedarán a cargo de las represas bajo los nuevos contratos.

La prórroga incluye a Hidroeléctrica Diamante S.A., que opera en Mendoza las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, con una potencia conjunta de 388 megavatios.

También abarca a Hidroeléctrica Río Hondo S.A., concesionaria de las centrales Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero, que suman 17 megavatios de potencia instalada.

En Salta, la medida alcanza a AES Argentina Generación S.A., a cargo de las centrales Cabra Corral y El Tunal, con una potencia total de 111,1 megavatios.

La lista incluye además a Hidroeléctrica Tucumán S.A., que administra las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 megavatios, y a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., responsable de la central Futaleufú, en Chubut, con 560 megavatios.

En conjunto, las instalaciones comprendidas en el anexo del decreto suman cerca de 1.127,7 megavatios de potencia. Mediante estas concesiones, el equipo económica busca sumar más dólares para enfrentar los desafiantes vencimientos de deuda de 2027.

Para acceder a la extensión, las concesionarias deberán presentar ante la Secretaría de Energía una carta de adhesión dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

El texto establece que, una vez cumplido ese requisito, las compañías "continuarán operando como fecha máxima hasta el 30 de abril de 2027, inclusive", salvo que antes se concrete la toma de posesión por parte del ganador de la licitación.

Si alguna empresa no presenta la adhesión, deberá sostener la generación eléctrica durante al menos 45 días hábiles. Durante ese período, el Estado deberá tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

El decreto delegó en la Secretaría de Energía la elaboración de las pautas de las licitaciones, la preparación de los documentos y la firma de los futuros contratos de concesión.

El Gobierno argumentó que las actuales licencias hidroeléctricas atraviesan el vencimiento de los plazos originalmente acordados durante la reforma del Estado iniciada en la década de 1990. Según el decreto, la continuidad de los operadores busca preservar el funcionamiento regular del sistema eléctrico mientras se desarrolla la selección de nuevos concesionarios.

La norma se suma a procesos ya iniciados para renovar las concesiones de otros complejos hidroeléctricos, entre ellos Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles.

El futuro del Belgrano Cargas, uno de los trámites más demorados del programa de privatizaciones, registró avances a comienzos de septiembre. Economía difundió los pliegos para otorgar por 50 años la concesión de las vías y los inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. El proceso incluye una alternativa para adquirir el material rodante.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 11 de noviembre de 2026. La definición de la licitación se proyecta para los primeros meses de 2027.

La concesión comprende 7.594 kilómetros de red ferroviaria en funcionamiento, distribuidos en 16 provincias y vinculados con cinco cruces fronterizos. El modelo excluye el pago de un canon al Estado y también aportes estatales. La fuente de recursos del operador será el peaje que abonen las compañías ferroviarias y los ingresos derivados del uso comercial de propiedades cercanas a las trazas.

Todavía no se definieron plazos para la venta o incorporación de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA). La Ley Bases autorizó que NASA tenga participación privada, aunque el Estado deberá retener la mayoría accionaria y el control de la compañía.

En YCRT, la legislación exige que la participación estatal no sea inferior al 51%. A lo largo de 2026, el Gobierno recibió iniciativas de inversión, incluida una propuesta de alrededor de USD 120 millones para las cuatro unidades productivas de la empresa. Tampoco hay una hoja de ruta definida para desprenderse de los activos que permanecen en Energía Argentina (Enarsa), entre ellos centrales térmicas y un gasoducto.