Las búsquedas en Google sobre las protestas en Europa registraron un aumento marcado en todo el mundo en los últimos días, según datos de Google Trends. Tanto la consulta en español "protestas en Europa" como su equivalente en inglés, "protests in Europe", mostraron un salto de interés a escala global a partir del 18 de octubre. El incremento coincide con una sucesión de manifestaciones y disturbios en países como Francia, Italia, Portugal y Albania.

Las consultas asociadas refuerzan que Francia concentra buena parte de la atención global sobre esta ola de movilizaciones. Entre quienes buscaron "protestas en Europa" en español, los términos más frecuentes fueron "protestas en Francia", "Francia protestas", "protestas Francia" y "protestas en Europa hoy", seguidos por búsquedas vinculadas con Italia y España.

En inglés, las preguntas más repetidas apuntan a confirmar si hay protestas, entender sus causas y ubicarlas —"are there protests in Europe?", "why are there protests in Europe?" y "where are the protests in Europe?"—, además de referencias específicas a Milán, disturbios en Francia y Albania.

Aunque Google Trends mide el interés relativo de búsqueda y no el número total de consultas, la diferencia entre ambas expresiones también sugiere que el tema trascendió a las audiencias hispanohablantes y se instaló con más fuerza en la conversación internacional.

La inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para acceder a una vivienda aparecen como factores transversales. A ellos se suman críticas a los recortes en educación y otros servicios públicos, así como denuncias por corrupción y falta de oportunidades en algunos países.

La diversidad de actores también revela el alcance de la crisis. Jóvenes que enfrentan matrículas más altas, trabajadores con salarios estancados, familias afectadas por los precios de los alimentos y la energía, e inquilinos que no pueden afrontar el costo de una vivienda comparten un diagnóstico: el encarecimiento de los gastos básicos no encuentra una respuesta suficiente en las políticas públicas.

No se trata de un movimiento unificado ni de una convocatoria común entre países. Cada protesta tiene sus propios organizadores, demandas y objetivos políticos. Aun así, la simultaneidad de las movilizaciones expone una preocupación extendida en Europa por la distancia entre las decisiones gubernamentales y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

A continuación, país por país, cuáles son los reclamos, quiénes se movilizan y cómo respondieron los gobiernos.

En España, las protestas comenzaron el 26 de septiembre con acampadas impulsadas por el Sindicato de Inquilinas. El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas en su departamento, se convirtió en un caso emblemático: la empresa propietaria había aumentado el alquiler un 275 %. Las movilizaciones reúnen a organizaciones de inquilinos y a jóvenes de la Generación Z, en un contexto en el que los salarios aumentaron un 30% en la última década y los alquileres un 82 %, según el estudio El déficit de vivienda de emancipación publicado en la Revista Ice.

El conflicto tuvo episodios de tensión en distintas ciudades. Los datos oficiales señalan que hubo 30 detenidos y 38 policías heridos. Ante la presión por la crisis habitacional, el gobierno de Pedro Sánchez promovió medidas para limitar desalojos de personas sin alternativa de vivienda hasta 2030, regular actualizaciones de alquileres y gravar con un IVA del 10 % los alquileres turísticos de corta estadía. La iniciativa fue rechazada inicialmente en el Congreso por el voto de Vox, el Partido Popular y Junts.

Después de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y disolver el Parlamento, Pedro Sánchez aprobó las medidas mediante reales decretos, normas aprobadas por el Gobierno que pueden tener efectos inmediatos. Ahora deberán ser convalidadas por la Diputación Permanente, el órgano que conserva algunas facultades legislativas mientras las Cámaras permanecen disueltas.

Mientras tanto, las protestas continúan: cientos de personas llevan tres semanas acampando en la Puerta del Sol de Madrid y también hay concentraciones en Barcelona. Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores convocaron además a una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre, mientras estudiantes y docentes desarrollan la llamada Marea Verde para reclamar más recursos e infraestructura educativa.

Las protestas que hoy atraviesan Francia empezaron el 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil, en las afueras de París. La primera movilización fue pacífica y se concentró en la falta de docentes, las aulas superpobladas y el deterioro de las instalaciones. El reclamo estudiantil se extendió con rapidez a otros centros educativos y dio paso a una ola nacional de protestas contra la crisis educativa y el aumento del costo de vida.

Con el transcurso de las semanas, las convocatorias reunieron a estudiantes secundarios y universitarios, sindicatos, agricultores y al movimiento de los chalecos amarillos, que ya había encabezado las protestas contra la política fiscal de Emmanuel Macron en 2018. A las demandas por una mayor inversión en educación se sumaron cuestionamientos al encarecimiento de los combustibles y los alimentos, al ajuste fiscal previsto en el presupuesto de 2027 y a denuncias de violencia policial. Las manifestaciones también expresaron el desgaste político del presidente francés después de casi una década en el poder.

Este fin de semana, cerca de medio millón de personas se movilizaron en distintos puntos del país, según las autoridades, un número que se eleva a 800.000 por los organizadores. Aunque la mayoría de las marchas transcurrió sin incidentes, hubo saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades. Según el Ministerio del Interior, casi 2.400 personas fueron detenidas el sábado, más de 850 de ellas en París.

Unos 3.000 comercios fueron saqueados o vandalizados, mientras que edificios históricos sufrieron daños. Entre las consecuencias de los disturbios figuraron también investigaciones por heridas graves registradas durante las movilizaciones. Luego de que una adolescente de 17 años perdiera un ojo, la fiscalía de Mulhouse inició una causa. El sábado se abrió otra investigación por la pérdida de una mano de un joven manifestante en Saint-Étienne. Los accesos al Museo del Louvre fueron bloqueados el lunes por manifestantes, lo que impidió la entrada de turistas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, decretó toques de queda nocturnos en sectores de París, Lyon, Niza y Marsella, sin precisar una fecha para su levantamiento. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ofreció su renuncia ante las críticas por el manejo de los disturbios, pero Macron la rechazó y reclamó cambios en la estrategia policial. Los Chalecos Amarillos convocaron una nueva movilización para el sábado 24 de octubre, centrada en la pérdida de poder adquisitivo, mientras que varias centrales sindicales llamaron a una huelga general para el 5 de noviembre.

En Italia, las protestas de las últimas semanas reunieron a estudiantes, sindicatos, agricultores y camioneros con reclamos por el alza del costo de vida, los bajos salarios, el precio de los combustibles y la falta de viviendas asequibles. Las movilizaciones estudiantiles, presentes en ciudades como Roma, Milán y Turín, también cuestionaron el estado de los edificios escolares y la inversión pública en educación. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) convocó a unas 100.000 personas en Roma y anunció una huelga general para el 20 de noviembre.

El episodio más tenso ocurrió el 17 de octubre: una movilización en Milán que había comenzado de forma pacífica registró incidentes y enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la Piazza del Duomo. Durante la jornada, algunos participantes arrojaron objetos y fuegos artificiales, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Según Associated Press, al menos dos policías resultaron heridos y unas 50 personas fueron detenidas, muchas de ellas menores de edad.

También hubo incidentes en Turín, Bolonia, Brescia y Bérgamo. En el sur, agricultores, pescadores y camioneros bloquearon rutas, peajes y puertos de Calabria y Campania para protestar contra el encarecimiento del combustible. Estas medidas interrumpieron la circulación en corredores estratégicos y expusieron el malestar de sectores que denuncian una reducción de sus márgenes de ganancia por el aumento de los costos energéticos.

La primera ministra, Giorgia Meloni, condenó los saqueos y los ataques contra las fuerzas de seguridad, aunque diferenció esos hechos de las movilizaciones pacíficas. En ese marco, el Gobierno evalúa enviar 500 militares a Milán para reforzar la custodia de objetivos sensibles y liberar a policías para tareas de orden público, según informó Associated Press. Mientras tanto, grupos juveniles anunciaron nuevas protestas para el fin de semana del 24 y 25 de octubre, antes de la huelga general convocada por la CGIL.

En Albania, las protestas comenzaron hace meses como una campaña contra un proyecto turístico de lujo en la costa sur vinculado a una firma fundada por Jared Kushner (el yerno de Donald Trump), y luego incorporaron reclamos por corrupción, el costo de vida y la falta de oportunidades para los jóvenes. Desde el 14 de octubre, estudiantes secundarios y universitarios llevaron esas demandas a las calles de Tirana, con pedidos de reducción de las tasas educativas, mayor inversión en universidades y residencias, y la renuncia del primer ministro Edi Rama. Según Reuters, el malestar también responde a la falta de apoyo económico y a las perspectivas laborales después de graduarse.

Las movilizaciones se extendieron desde la capital a ciudades como Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçë y Vlorë. Aunque los reclamos surgieron en el ámbito educativo, sumaron a profesores, pensionistas, grupos de aficionados al fútbol y organizaciones que cuestionan al Gobierno. Según The New York Times, la protesta estudiantil se integró a un movimiento antigubernamental que ya llevaba varios meses de manifestaciones mayormente pacíficas.

En los últimos días hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía en Tirana. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, mientras que se registraron incendios, daños en edificios públicos y cortes de calles. Desde el martes 13 de octubre, los disturbios han dejado 272 heridos, 169 de ellos policías, y 167 detenidos, según las cifras oficiales. Rama descartó dimitir y afirmó que el país superará la crisis, mientras los estudiantes anunciaron que mantendrán las movilizaciones.

En Portugal, las protestas recientes se concentran en la crisis de vivienda, sobre todo en Lisboa y Oporto. Activistas instalaron campamentos en plazas céntricas para exigir alquileres accesibles, más vivienda pública, límites a los desalojos y el retiro de una reforma impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro. Los manifestantes sostienen que la iniciativa facilita los desalojos y elimina los topes a los alquileres en los contratos nuevos. Según Reuters, los precios de compra de viviendas se duplicaron desde 2017 y los alquileres de nuevos contratos casi siguieron la misma evolución.

La acampada de Lisboa se instaló el sábado en la plaza Rossio, con alrededor de 200 carpas, mientras que la de Oporto permanecía desde hacía unos 10 días en la plaza Dom João I. En la madrugada del 20 de octubre, la Policía de Seguridad Pública intervino en ambos puntos tras declarar ilegales las ocupaciones. En Lisboa detuvo a 55 personas y confiscó 228 estructuras de acampada; en Oporto, los manifestantes retiraron las tiendas después de las advertencias policiales.

El operativo reactivó las movilizaciones. Miles de personas regresaron esa misma tarde a las plazas de Lisboa y Oporto, y una asamblea celebrada en la capital votó volver a instalar el campamento en Rossio. La Policía afirmó que su actuación fue proporcional y sin cargas, mientras que representantes de la protesta denunciaron una intervención violenta. De acuerdo con Al Jazeera, más de 1.000 personas participaron en cada una de las concentraciones posteriores al desalojo y los organizadores prometieron mantener la presión sobre el Ejecutivo de Montenegro para que modifique su política de vivienda.

En Bélgica, las protestas de las últimas semanas surgieron por la combinación de recortes presupuestarios, reformas educativas y aumento del costo de vida. Estudiantes, docentes y sindicatos cuestionan medidas que podrían elevar las matrículas universitarias, ampliar la carga horaria de los profesores y reducir recursos para la enseñanza. Según Le Monde, el 9 de octubre decenas de miles de personas marcharon en Bruselas contra el programa de austeridad del Gobierno federal.

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron en Lieja el 1 de octubre y luego se trasladaron a Bruselas. En las protestas del 17 de octubre, varios cientos de personas se concentraron en ambas ciudades. Hubo momentos de tensión entre algunos participantes y la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Según las autoridades contabilizaron cerca de 200 detenciones en Bruselas y Lieja, entre ellas más de 25 menores de edad.

El Gobierno del primer ministro Bart De Wever defiende el ajuste como una herramienta para contener el déficit y la deuda pública. Los sindicatos y los estudiantes, en cambio, advierten que las medidas trasladan el costo a trabajadores, jubilados y jóvenes, y pueden volver menos accesible la educación superior. El ministro del Interior, Bernard Quintin, anunció un refuerzo de la respuesta policial tras los incidentes, mientras persisten las demandas de revisión de las reformas educativas y fiscales.

Miles de docentes y estudiantes se movilizaron este miércoles en más de 50 ciudades de Grecia para reclamar mejoras salariales, mayor financiación de la educación pública y medidas frente al aumento de los alquileres. La protesta coincide con una huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maestros de primaria, DOE, a la que se sumaron paros de profesores de secundaria y manifestaciones de universitarios.

Los reclamos combinan problemas del sistema educativo y el encarecimiento de la vida. Los sindicatos exigen un aumento salarial del 20 %, la cobertura de vacantes en las escuelas y mejoras en edificios que, según denuncian, presentan deficiencias de seguridad. También piden ayudas habitacionales para docentes destinados a otras ciudades, sobre todo en zonas turísticas donde los alquileres resultan más altos. Según la convocatoria de DOE, cerca de la mitad de los maestros percibe salarios que no superan los 1.000 euros.

En Atenas y Salónica, estudiantes instalaron campamentos para exigir alquileres accesibles, más plazas en residencias públicas y un mayor subsidio para jóvenes de familias de bajos ingresos. Algunos universitarios señalaron que deben trabajar mientras estudian para afrontar rentas de entre 500 y 600 euros mensuales. La Policía desplegó unos 3.000 agentes en Atenas y detuvo a una decena de personas durante la jornada; varias estaciones de subte permanecieron cerradas por razones de seguridad.