Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre para exigirle al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La medida de fuerza, resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), será parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

Pero habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.

La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinarla con CONADU Histórica, y estará acompañada por acciones para visibilizar el conflicto en los días previos a la movilización.

Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.

Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.

Por su parte, la Casa Rosada anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modificará la cautelar original, que quedó firme.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.

El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.

La convocatoria sindical apunta a sostener el reclamo hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria deberá exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva. "El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo 'colectivo' está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer 'lo colectivo'", sostuvo.

Chevalier añadió: "Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei".

La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial para las universidades nacionales.